Revista Electricidad, publicado el 4 de septiembre 2018.


El acuerdo voluntario de las principales empresas generadoras nacionales de no iniciar nuevos proyectos de generación en base a carbón −medida que fue inicialmente ampliamente aplaudida− hoy concita cierto escepticismo en el sector. Este recelo se basa en cómo el carbón, que hace unos pocos años era reconocido por esos mismos actores como clave en la matriz energética, es ahora prescindible.

A comienzos del presente año, las principales empresas generadoras de Chile anunciaron un acuerdo voluntario para no iniciar nuevos proyectos de generación en base a carbón, que no posean sistemas de captura y almacenamiento de CO2. Esta iniciativa fue aplaudida transversalmente como un paso concreto en la transición energética. Independiente del interés inicial que despertó el anuncio, quedan preguntas abiertas que pueden dar luz sobre la real dimensión de esta iniciativa.

¿Corresponde a las empresas guiar el desarrollo de la transición energética?, ¿Refleja este anuncio un cambio de paradigma real en el desarrollo del sector generación en Chile, o es simplemente un anuncio que refleja una constatación de la realidad más allá del control de las mismas empresas?

El concepto de transición energética refiere a la transformación progresiva y consistente hacia una matriz energética más sustentable. Por su lado, el concepto de sustentabilidad es algo menos nítido, pero puede comprenderse como un entendimiento que los desafíos de desarrollo no se remiten a un tema técnico/económico, sino que deben reconocer las dimensiones sociales y ambientales. En Chile, la parte ambiental tiene una regulación vigente, pero la licencia social está en un ámbito menos regulado y entendida como una validación fundamental por parte de la “comunidad” que se ve afectada por el proyecto. En la práctica, la sustentabilidad refiere a un desarrollo con una preocupación en los temas ambientales, cumpliendo o superando lo exigido por la regulación, pero más importantemente, con una relación cooperativa con las comunidades donde se emplaza el desarrollo.

Pese a que la transición es una tarea del Estado, los gobiernos deben velar por los avances en este sentido, con una mirada de largo plazo, en los marcos de tiempo que les toca gobernar al país. Algo que si está claro es que la transformación energética no es automática, ni gratis, ni voluntaria. Si bien puede haber pasos que los privados tomen de manera autónoma, el Estado debe ser cauto y celoso de ir avanzando en las medidas que se aseguren los logros de largo plazo.

En este sentido, la descarbonización voluntaria de las principales empresas generadoras nacionales, medida que fue inicialmente ampliamente aplaudida, hoy concita cierto escepticismo en el sector. Este recelo se basa en cómo el carbón, que hace unos pocos años era reconocido por esos mismos actores como clave en la matriz energética, es ahora prescindible. De hecho, en 2014, en esta misma revista, se reconocía el rol del energético, entendiendo que los procesos de validación social y ambiental podían complejizarse, pero que su estabilidad y precio aseguraban su futuro en la matriz, no solo con la operación de las centrales existentes, sino también con nuevos proyecto entrando en operación en el sistema eléctrico.

¿Qué cambió?, ¿qué lleva entonces a las generadoras a tomar este compromiso?
Ciertamente, el aprendizaje sobre las tecnologías renovables no convencionales ha ayudado, pero no podrían en ningún caso ser la causa única del cambio.

El costo de carbón no se ha incrementado de manera importante (www.bp.com), pese a un alza durante el año 2017, y la competencia del gas de esquistos (o shale gas), el carbón sigue siendo un energético muy competitivo. Por otro lado, las regulaciones ambientales delineadas por Decreto Supremo 13 del Ministerio del Medioambiente, que regula las emisiones de centrales termoeléctricas, establece normas más estrictas, pero cumplibles, sobre todo para proyectos nuevos. Todo proyecto que cuente con desulfurizadores para el SO2, filtros de manga para el material particulado, quemadores bajos en emisiones y sistemas de reducción catalíticos para el NOx, puede razonablemente cumplir la normativa. Esto no parece ser una limitante para la tecnología.

El principal problema de las carboneras tiene que ver con su conflictividad social, llevando a estas centrales a ser blanco de innumerables enfrentamiento con las comunidades donde se emplazan. Estos conflictos se apoyan muchas veces en temas ambientales, pero esconden temas sociales, y donde las carboneras terminan pagando culpas propias y ajenas. Quizás uno de los casos más emblemáticos ha sido el conflicto entre una de las centrales más modernas del parque, Bocamina 2, y los pobladores de Coronel, que llevó a una paralización de meses de la central, con pérdidas millonarias para Enel Generación. A este caso se suman conflictos en Puchuncaví, Huasco y Tocopilla, entre otros. Pero sin duda fue en Coronel donde quedó en clara evidencia que iniciativas de oposición ciudadana podían resultar en sendas multas y paralizaciones de la operación. Esto agregó un riesgo difícil de calcular para las empresas que operan y que quisieran construir nuevas centrales en suelo nacional.

Sin duda esta conflictividad viene de muchos años atrás, pero últimamente ciertamente se ha exacerbado. Si se analiza de la lista de las principales centrales carboneras en Chile, se puede ver que desde finales de los 90 las carboneras solo se instalaban en sitios donde ya existían otras centrales de ese tipo, nunca en lugares nuevos, por lo tanto, nunca afectado a nuevas comunidades. Esto fue visto como una fórmula para construir dichas centrales sin una oposición garantizada. Sin embargo, dichas zonas pasaron de ser polos energéticos, a ser catalogadas con criterios técnicos como “zonas latentes o saturadas” y con criterios puramente políticos como “zonas de sacrificio”, lo que hizo imposible continuar con la ampliación de la generación en dichos lugares.

Cabe preguntarse entonces qué tan voluntaria es la decisión de no construir más carboneras, o si esto es simplemente un sinceramiento de una condición no negociable de parte de comunidades donde se emplazarían los proyectos.

Pero aunque la razón sea una u otra, no corresponde juzgar las intensiones de las empresas generadoras; simplemente, no es su labor el impulsar la política energética. Las empresas privadas velan por incrementar el valor que proveen a sus accionistas y no están en el mercado de promover políticas públicas. Ciertamente los intereses de empresas y el Estado pueden temporalmente alinearse, pero en general van en direcciones diferentes, e incluso opuestas.

Sin duda esto se hará evidente en la mesa de descarbonización si surge alguna propuesta de establecer fechas de salida de servicio de centrales, más allá de algunas muy antiguas e ineficientes, que aún están en el parque. A esto se recordará que el acuerdo es voluntario y que, dado que partió de las empresas, ellas mismas pueden determinar su alcance.

Por esto, aunque la decisión de descarbonización se aplaude, hay que recordar que la política energética es responsabilidad de largo plazo del Estado, y que es tomada en el corto plazo por los gobiernos. Los privados tiene un rol muy relevante, pero no se puede esperar que ellos velen por los intereses ambientales y sociales de la nación, simplemente no es su rol.