La Tercera, el miércoles 7 de marzo de 2018.


La elección de Sebastián Piñera trajo de manera casi inmediata expectativas de mayor crecimiento para la economía chilena. Sin embargo, los desafíos presupuestarios que hereda no son menores. De hecho, algunos son difíciles de solucionar en el corto plazo, y sin duda, marcarán la gestión del futuro gobierno.

Primero, la nueva Ley de Educación Superior, que extiende el beneficio de gratuidad hasta el 60% de los estudiantes de menores recursos para el 2018, tendrá un costo directo de aproximadamente 1.200 millones de dólares al año. Un costo elevado y que seguirá creciendo en la medida que crezca la cobertura de dicha política. Sin embargo, lo más preocupante es cómo se financiará la importante merma financiera producto de la fijación de precios a que están sujetas las instituciones adscritas. En un estudio reciente de Acción Educar, se proyecta que el déficit podría alcanzar a 19 instituciones de educación superior, destacando por ejemplo, déficits de casi 30 millones de dólares para la UDP y de más de 10 millones de dólares para la PUC.

Segundo, la deuda que mantiene el sistema hospitalario público, que aunque tradicionalmente ha sido abultada, recientemente ha bordeado los 600 millones de dólares, equivalentes al 5% de todo el presupuesto de salud. Los más preocupante es que la deuda creció casi un 90% entre los años 2014 y 2017. La solución de este problema no pasa por generar nuevas concesiones hospitalarias, tampoco por reformular el sistema de isapres. El tema es cómo acotar las prestaciones del Auge, que siguen creciendo en número, volumen y costos, y que deben financiarse año a año con recursos públicos. Por otro lado, no queda para nada claro que estos beneficios se estén entregando efectivamente a las personas de menores ingresos, ni que la gestión pública de los hospitales sea la más eficiente.

Tercero, el gasto en personal del sector público aumentó en más de un 25% en términos reales, en el período 2014 y 2017. De hecho, de acuerdo al ministerio de Hacienda, el monto asociado a personal del gobierno central correspondió a más de un 20% del gasto público en 2017. Más aún, no es claro que este aumento en gasto de personal haya aumentado la productividad del sector público. En este entendido, medir la productividad de cada servicio público de manera rutinaria y transparente debe ser una prioridad para el próximo gobierno, de forma de tender a disminuir el gasto y, al mismo tiempo, lograr una mayor eficiencia en la gestión.

Finalmente, la presión en el gasto público que generan los inmigrantes parece no haberse dimensionado. Se estima que en los últimos cinco años han llegado más de 700 mil inmigrantes al país. La cifra real no es clara y perfectamente podría ser más de un millón. A pesar de que los inmigrantes en su mayoría son gente trabajadora, emprendedora y que en definitiva aportan fuertemente al crecimiento del país, la presión en el gasto público que significa tener un millón de personas adicionales, que pueden (deben) acceder a educación pública, salud pública, subsidios para la vivienda, pago del agua, electricidad, entre otros, debe ser debidamente calculado y provisionado a partir de la mayor productividad de la economía.

Claramente los problemas señalados atentan contra la sustentabilidad de la deuda del país en el corto y mediano plazo. En los últimos cuatro años el gasto público casi se dobló, creciendo en promedio más de un 5% al año, en circunstancias que la economía creció menos de un 2%. De hecho, cálculos recientes señalan que el alza del endeudamiento fiscal elevará los intereses en más de un 65%, con respecto a lo cancelado en la administración Bachelet

Ante esto, no podemos confiar en que el precio del cobre eventualmente nos salvará. Tampoco podemos adosarle la responsabilidad de generar una solución a Piñera, especialmente considerando que su bloque no cuenta con mayoría en el parlamento. Necesariamente debemos ver el tema de los derechos sociales y gasto público como un tema integral y no sectorial. Para esto, se requiere de un pacto político amplio, que considere los distintos grupos de interés, en que se definan reglas claras y de mediano plazo en términos de cuáles son los beneficios sociales que el país realmente puede pagar y mediante que vía.

Con la llegada de marzo, no puedo dejar de preguntarme cómo llegamos a esta situación en tan poco tiempo (con votaciones transversales en el Congreso a favor de un mayor gasto) y si los mismos actores estarán dispuestos a resolver este grave problema arriesgando no ser populares en el intento.

Lo único claro es que al final la cuenta siempre debe ser pagada, lección que aprendieron con mucho sufrimiento nuestros vecinos argentinos o países europeos como España y Grecia.