La Tercera, publicado el martes 14 de marzo de 2017.

Hace unos días se hizo pública la Segunda Encuesta Nacional de Energía, la cual fue encargada por el Ministerio de Energía a la empresa Feedback, y que tiene como objetivo obtener una apreciación ciudadana del sector eléctrico. Los resultados parecen haber descolocado al gobierno, que ve con preocupación la negativa percepción de la ciudadana hacia su sector estrella. Un dato decisivo: el 90,6% de los consultados señaló que la electricidad en el país es cara. Y es que el precio de la energía no es un indicador más. El sector puede avanzar en sustentabilidad, seguridad, transparencia, pero si el precio se mantiene o sube, la ciudadanía no valorará dichos avances y tenderá a rechazar la política energética como un todo.

Pero, ¿a qué se debe esta percepción? Durante el 2015, el exministro Máximo Pacheco insistió en cada oportunidad posible que Chile tenía una de las energías más caras de la región y esos precios no han bajado. De acuerdo a reportes de Empresas Eléctricas AG, un consumidor representativo en Santiago paga hoy mensualmente 65 pesos más que hace un año atrás. Ciertamente las tarifas son altas y seguirán entre las más caras de la región. El propio ministerio, así como la CNE, han insistido que la baja de tarifas a clientes finales sólo se hará efectiva en la década del 2020. Es más, esto solo pasaría si la tendencia de precios que se observaron en la última licitación se consolida en las próximas subastas.

Es importarte considerar que el trabajo realizado por el Ministerio en iniciativas como los cambios a las licitaciones de suministro, la nueva la ley de transmisión y la creación del coordinador eléctrico, entre otras, tendrán frutos a mediano y largo plazo y no de un día para otro.

En política, la implementación de políticas públicas de largo aliento suelen ser incomprendidas y eventualmente mal evaluadas por la ciudadanía. En sectores claves para el país como el energético, la solución es combinar el trabajo de largo plazo con políticas visibles que generen ganancias a corto plazo. Ello permitirá a las autoridades obtener el apoyo político y ciudadano necesario para su implementación y avanzar de manera adecuada.