La Tercera, publicado el lunes 4 de junio de 2018.


Estamos ad portas del inicio formal del nuevo ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, institucionalidad pública que permitirá fortalecer la estructura orgánica de investigación, desarrollo e innovación del país. La necesidad de un ente canalizador del desarrollo de estas materias, al mismo nivel en que se delinean las estrategias del Estado y las políticas públicas, posee una larga data. Dentro de su génesis destacan dos hitos que ocurrieron en 2013. Estos fueron, las conclusiones de la Comisión Philippi y del informe económico de la OCDE sobre Chile de dicho año. La comisión reveló la dispersión y descoordinación estructural en materia de ciencia y tecnología, haciendo hincapié en cómo esto dificulta la toma de decisiones y el control en la utilización de recursos públicos. Por otra parte, el informe de la OCDE fue lapidario en cuanto a la aún débil cooperación entre la investigación científica y el sector industrial, destacando que la participación del sector privado en investigación y desarrollo es “excepcionalmente baja”. La OCDE abordó problemáticas como la baja proporción de capital humano avanzado, y la poca coherencia entre entes públicos y privados en el aprovechamiento de los recursos naturales del país. Además, recomendó explícitamente la creación de un organismo de categoría ministerial.

Un lustro después el ministerio se aprobó unánimemente, incluyendo indicaciones sobre su conformación y la propiedad intelectual del conocimiento generado a partir de la utilización de fondos públicos. Esta última discusión, que tomó varios meses, desvió la atención sobre aspectos globales no resueltos, tales como el financiamiento adecuado del ministerio; una representación de todas las áreas del conocimiento (por ejemplo, las artes y humanidades); una división administrativa que incluya de manera independiente la investigación, la innovación y la formación de capital humano; y un funcionamiento integrado con la industria que impulse el desarrollo de una economía del conocimiento. Al parecer el ministerio per se tendrá que encargarse de resolver estas incógnitas. Por otra parte, da la sensación de que en su origen este órgano no dispone de pilares estratégicos predefinidos. No sabemos si buscará priorizar el desarrollo de un eje que permita salir de la dependencia económica en commodities; o el desarrollo de una estrategia de inserción de investigadores en la academia, la industria y el sector público; o la adopción de algún modelo internacional exitoso adaptado a nuestras condiciones locales. Sea cual sea, su definición no debería ser economicista. El impacto de la generación de conocimiento es muy amplio, y no se reduce a la producción de patentes ni de nuevos productos o servicios. Un mayor conocimiento trae beneficios educacionales, fomenta criterios sociales basados en evidencia, y permite la definición de políticas públicas más integrales. Así, un aspecto prioritario debe ser la vinculación del quehacer del ministerio con la educación, la cultura y la comunidad.

Cualquiera de estas tareas, necesitará de un marco legal ad hoc, que permita dotar al ministerio de las atribuciones que requiera su rol. Será entonces fundamental trabajar en una visión a largo plazo, con una planificación robusta capaz de sobreponerse a cualquier mezquindad política.