El Mercurio, publicado el jueves 18 de abril de 2019.


Un conjunto de propuestas no contempladas pueden impactar la productividad, la inversión y la sustentabilidad de largo plazo de la economía chilena.

La discusión y negociación de la reforma tributaria parece estar excesivamente politizada, inmersa en debates efectistas y con escaso foco en los temas de fondo que influyen en la eficiencia dinámica de la economía, es decir, en el crecimiento, la equidad horizontal, vertical y en la simpleza administrativa del sistema tributario.

La última propuesta del gobierno con sistema integrado implica reducir la complejidad del sistema tributario. Sin embargo, tiene un efecto regresivo en la distribución del ingreso, al bajar el impuesto a las rentas de capital desde 44,5% (régimen semi-integrado) a 35% (tasa máxima del global complementario), lo cual, además, mantendrá un escaso incentivo a la inversión.

Es sabido que la existencia de una diferencia significativa entre la tasa corporativa y la tasa máxima del global complementario aumenta el incentivo al ahorro y la inversión de las empresas, con ello se paga mucho menos impuesto al mantener los recursos en la empresa, en lugar de distribuirlo como dividendo.

Pero si se incluye el impuesto corporativo local propuesto de 1%, esto implicaría tener una brecha entre el impuesto a las empresas (27%) y el marginal más elevado de global complementario (35%) de sólo 7%.

Una opción a considerar es volver al sistema integrado, por simpleza y equidad horizontal, bajar la tasa corporativa a 25% y establecer un nuevo tramo, con una tasa marginal máxima más alta al impuesto global complementario, por ejemplo, de un 40%, la que gravaría al 0,1% de la población con mayores ingresos.

Esto tendría dos ventajas: en primer lugar, aumentaría la diferencia entre la tasa corporativa y el impuesto personal. Es cierto, representaría una reducción de 44,5% a 40% de la tasa de  impuesto a las rentas del capital, pero la brecha entre la tasa corporativa y la personal máxima sería de 14%, considerando el 1% territorial planteado, lo cual estimularía la inversión. El impuesto territorial tiene la virtud de facilitar la licencia social para invertir en el territorio, reduciendo el problema de los NIMBY (Not In My Back Yard, o el hecho de que nadie quiera ciertas inversiones en su territorio).

El segundo beneficio es que se igualaría a la tasa de impuesto a las Pymes, en su régimen simplificado. Sabemos que electoralmente resulta atractivo enarbolar la bandera de las Pymes, sin embargo, cada vez que se profundizan y extienden los beneficios para éstas, como se está haciendo con esta reforma, se genera un incentivo perverso, esto es, un impuesto implícito a su crecimiento e incentivos a la fragmentación de las empresas.

Esto es relevante: las empresas “gacelas”, aquellas que crecen un 20% al año por varios años seguidos, explican en 75% de la creación de empleo en Chile. Queremos que las Pymes crezcan rápidamente y dejen de ser Pymes, pero si se generan incentivos a no crecer y seguir como pequeñas y medianas empresas, se afectará la productividad y el crecimiento de largo plazo de la economía. En su libro “La Era de la Productividad”, el BID demuestra que estos impuestos implícitos al crecimiento de las empresas son el principal responsable de la heterogeneidad en su productividad (firmas que se mantienen pequeñas e improductivas).

Tampoco debemos olvidar que el crecimiento potencial de la economía chilena está por debajo del 3% anual. La innovación, que debería ser un objetivo de política fundamental, está ausente de la reforma tributaria, quizás porque su efecto es de más largo plazo y el corto plazo domina el debate. No obstante, se debería considerar aumentar los incentivos a la innovación y la inversión en I&D, la cual bajó de 0,39% del PIB a 0,36% entre el 2014 y 2016, de acuerdo a las encuestas del Ministerio de Economía, una caída que se explica justamente por menor inversión empresarial.

De ahí que sea necesario aumentar el límite de inversión sujeto al crédito tributario, en vez de generar depreciación instantánea por dos años, lo cual solo tiene efectos de corto plazo. Propongo aumentar el límite a la inversión en I&D sujeta a crédito tributario, incorporar algunos gastos en innovación y gestión tecnológica. En el caso de empresas que no tengan utilidades tributables y con significativas tasas de crecimiento (empresas Gacelas), se podría considerar un reembolso como beneficio anticipado del  crédito tributario. Para estimular el escalamiento de start-ups, a su vez, sugiero incentivar la inversión privada en capital de riesgo, por ejemplo mediante una exención a la ganancia de capital de fondos de capital de riesgo aprobados por CORFO. Estos sistemas se pueden administrar por comités CORFO, que tienen una trayectoria impecable de gestión de la franquicia al I&D y del capital de riesgo.

Por cierto, si se integra el sistema, se deben mantener las medidas anti elusión, particularmente para evitar que se usen las empresas para eludir el global complementario y el mpuesto a las ganancias de capital, como fue el caso de Nutrien en la venta de acciones de SQM. Fue gracias a estas normas que el fisco recaudó US$ 1.000 millones de la venta de acciones a Tianqi.  Normar el market maker para evitar estas situaciones es una medida correcta.

Finalmente, es siempre eficiente poner impuestos a los “males”. En este sentido, es incomprensible, por ejemplo, que en el proyecto de reforma no se proponga una eliminación gradual de la rebaja de 80% del impuesto diesel a los camioneros. Esto inhibe el desarrollo del transporte ferroviario y el cabotaje, con elevados efectos negativos en contaminación, accidentes y emisiones de gases de efecto invernadero. Es una buena propuesta que se aumente en forma gradual el impuesto al CO2 y la redefinición de su base de aplicación, a faenas y/o procesos productivos y no a equipos específicos, de manera de no generar distorsiones microeconómicas.

Este impuesto se correlaciona significativamente con actividades muy intensivas en rentas de recursos naturales y en capital. En este sentido, existe la posibilidad de generar una alternativa al pago del impuesto al CO2, por ejemplo, compensando proyectos certificados que desarrollen sumideros que no son privadamente rentables. Por ejemplo, manejo de bosque nativo, desarrollo de nuevas plantaciones forestales, o recuperación de bosques quemados y/o degradados. Se debería evaluar esta opción para reducir los costos de cumplir con los compromisos de Chile en la COP 21 para enfrentar el cambio climático, el cual afecta progresivamente a nuestro país.

Este conjunto de propuestas podría impactar la productividad, la inversión y la sustentabilidad de largo plazo de la economía chilena, con un mejor efecto distributivo que lo planteado en la actualidad. Para avanzar, sin embargo, será necesario modificar la naturaleza excesivamente efectista que hoy día tiene la discusión de la reforma tributaria.